Los tratados que la sociedad mapuche ha llevado a cabo con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina son la resultante de un mecanismo propio de la sociedad mapuche para interactuar tanto hacia el interior de su sociedad como así también hacia el exterior, a esto los mapuche denominaban „koyang“ y los españoles denominaron „parlamento“. Es así que el primer parlamento celebrado entre mapuche y españoles el año 1641 en Quillín, se encuentra publicado en “La Gran Colección de Tratados de Paz” por José Abreu y Bertodano y reconocido por el Rey Felipe IV, por Real Cédula del 29 de abril de 1643. De aquí en adelante los parlamentos se realizarán en forma periódica, éstos aliviarán la tensión siempre constante en la frontera. En estas negociaciones se tratarán aspectos relativos a las relaciones de paz, el comercio y la administración de justicia. Durante el período colonial se realizan aproximadamente 30 “Parlamentos Generales” y una gran cantidad de parlamentos regionales o locales. Una vez obtenida la independencia con la derrota de las fuerzas realistas, el Estado de Chile por Ley de la República convoca a un parlamento en el campo histórico de Tapihue en 1825. Allí los mapuche realizarán las paces generales con la República de Chile, la cual reconoce el “utis possedettis” (como poseeis podeis seguir poseyendo), la frontera y la soberanía mapuche. En el año 1852 el Estado de Chile en forma unilateral crea por ley la Provincia de Arauco, anexando de esta forma parte del territorio mapuche. Con ésto, se generan las condiciones para ocupar en los años posteriores todos los territorios comprendidos al sur del río Bío-Bío sobre los cuales el Estado de Chile hasta ese momento no tenía jurisdicción, ya que no existían cuerpos politicos administrativos chilenos asentados en dichos territorios. Por el contrario, la gente que allí habitaba, mantenía su autonomía e independencia conservada por siglos a través de los tratados y parlamentos realizados con la Corona, los cuales eran reconocidos internacionalmente. Además, la gente que allí habitaba se reconocía como mapuche, hablaba el mapudungun, poseían otro sistema de creencias y no reconocían al gobierno de Chile como propio. Con el Parlamento de Tapihue de 1825, el Estado de Chile reconoce la existencia de la frontera y la soberanía mapuche. Esto lo desconocerá mas tarde al plantearse la ocupación militar de la Araucanía. Aquí, si el estado justificara legalmente el concepto de ocupación, para ello sólo tendría dos alternativas. 1.-Que fue una guerra de nación a nación. 2.-Que fue una guerra civil. Si fue una guerra de nación a nación, el estado debería haber hecho una declaración formal de guerra, la cual, de acuerdo a su Código Civil, sólo era atributo del Congreso. Posteriormente, al término de la guerra, se debería haber hecho un tratado de la misma manera como se realizó, por ejemplo, al finalizar la guerra con Perú y Bolivia. Si dicha ocupación se define como producto de una guerra civil, el estado no puede reconocer los territorios confiscados en guerra, debido a que en sus principios, el estado surge para proteger la propiedad privada de todos los que componen dicho estado. En ambos casos el estado chileno se encuentra según su propia definición en calidad de “bandido” o “pirata” dado que el artículo 641 del Código Civil chileno constata que: “Las presas hechas por bandidos, piratas o insurgentes no transfieren dominio, y represadas deberán restituirse a los dueños, pagando éstos el premio de salvamento a los represadores”.
The treaties that the Mapuche society has concluded with the Spanish Crown, the Republic of Chile and the Republic of Argentina are the result of a special mechanism of the Mapuche society to interact both within their society and towards the exterior. The Mapuche named this mechanism “Koyang” while the Spanish called it “Parliament”. The first Parliament between the Mapuche and the Spaniards was held in 1641 in Quillín and is published in The Great Collection of the Treaties of Peace by Jose Abreu and Bertodano. It was recognized by King Philip IV, by Royal Decree on April 29 of 1643. From that time on the Parliaments are celebrated in a periodical manner mitigating the constant tension on the border. These ethnopolitical negotiations include aspects of war and peace, commerce and the administration of justice. During the colonial time about 30 general Parliaments were celebrated. Additionally a large number of regional and local Parliaments were held. After the defeat of the royalist forces and the declaration of independence, the Chilean State passes a law that establishes the celebration of a Parliament in Tapihue in 1825. There a peace was declared between the Mapuche and the Republic of Chile which recognizes the "utis possedettis" (“as you posess you can continue to possess”), the border and Mapuche sovereignty. In 1852 the State of Chile unilaterally created the Province of Arauco annexing part of the Mapuche territory. This will create the conditions to occupy all the territories south of the river Bío-Bío during the following years. Until that time the Chilean state had had no jurisdiction there since there were no Chilean political administrative bodies settled in these territories. The people who lived there had maintained their autonomy and independence for centuries through treaties and parliaments that were concluded with the Spanish Crown and which were internationally recognized. Moreover, the people who lived there defined themselves as Mapuche, spoke the language Mapudungun, possessed another system of beliefs and did not recognize the government of Chile as their own. While the Tapihue parliament of 1825 recognized the existence of Mapuche sovereignty and the border, later on the Chilean State by military force occupied the Araucanía. In order to legally justify the character of the occupation the Chilean State only has two choices: 1.-That there was a war between two nations. 2.-That there was a civil war. If it was a war between two nations the state should have made a formal declaration of war, which according to the Chilean Civil Code, was an attribute of the Congress. After the war a treaty should have been concluded between both sides, as it was the case, for example, after the war with Peru and Bolivia. If it were to be defined as a civil war, the state cannot recognize the territories seized in war, because the state emerges to protect private property of all those who compose the state. In both options described, the Chilean state - by its own definition in the Civil Code – has acted as a "bandit" or "pirate": Article 641 of the Chilean Civil code states: "The loot taken by bandits, pirates, and insurgents do not constitute property and should be returned to the owners , paying a ransom to those that recapture it."
